20-09-2006
El ex dictador Jorge Rafael Videla ha perdido el indulto que le otorgó el gobierno de Carlos Menem. El martes 5 de septiembre un juez lo anuló al considerar que era contrario a la Constitución argentina. El asunto es claro. Los delitos aberrantes no pueden ser amnistiados y tampoco prescriben.
El periodo más violento de aquella dictadura se dio bajo el puño de Videla. Organizaciones de derechos humanos estiman que la mayor parte de los cerca de 30 mil desaparecidos y asesinados, los torturados y los exiliados ocurrieron en su gobierno de facto. “Deberán morir todos los que sea necesario para alcanzar la paz”, diría meses antes del golpe de 1976.
En el momento en que aparece la noticia el ex dictador se encontraba ya bajo arresto domiciliario, entre otras causas, por el robo de bebés. En los tumultos que retenían ilegalmente el ejército ya fuera para torturar o desaparecer, un gran número eran mujeres. Si estas se encontraban en embarazo esperaban con paciencia de hierro a que dieran a luz. Después, su hijo era entregado en adopción a alguna familia simpatizante del régimen. Para que la estirpe de la oposición o el hedor a protesta desapareciera de la superficie habitable.
Esta noticia no acababa de ser digerida cuando el viernes 8 de septiembre, en Chile, la Corte Suprema le quitaba la inmunidad al ex dictador Augusto Pinochet para que fuera juzgado por las torturas ocurridas en Villa Grimaldi. Lugar donde también estuvieron detenidas la actual Presidenta de Chile y su madre.
Aquella inmunidad se la había dado él mismo antes de dejar el poder con el propósito de evitar ser juzgado por las atrocidades cometidas. Durante su dictadura agentes directos o indirectos del Estado asesinaron y desaparecieron a más de dos mil personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
En la noche del domingo 10, unas 5 mil personas protestaban en las calles de Santiago en vísperas de un nuevo aniversario del golpe militar. Y, entre razones, se movilizaban para recordar aquellos asesinados y desaparecidos.
La semana apenas comenzaba y el lunes 11, en Uruguay, un juez ordenaba procesar y enviar a la cárcel a seis militares y dos policías por el secuestro y desaparición de varios ciudadanos uruguayos en el vecino país de Argentina, en tiempos también de su última dictadura.
La noche anterior otro militar se había pegado un tiro de gracia en la cabeza -tal vez siendo consecuente con el honor militar. Iba a ser interrogado dentro del mismo caso. Todos ellos estaban cobijados por una ley de amnistía que prohíbe procesarlos por violaciones a los derechos humanos.
El fallo del juez ha levantado críticas, sobre todo porque algunos consideran que desconoce garantías jurídicas para los ex militares establecidas por la democracia. “La peor lección que les podemos dar a los uruguayos es que los militares finalmente tenían razón; o sea, que el fin justifica los medios, que yo puedo ignorar las garantías, los derechos y las libertades en aras de lograr mis objetivos”, expone Carlos Ramera, un ex asesor presidencial. Sin embargo, Ramera desconoce que a ratos la justicia está por encima de las leyes.
Este encadenamiento de hechos que, por inesperados parecen extraños, suceden en el Cono Sur impulsados por nuevos gobiernos y una parte de la población que desea espantar con justicia los fantasmas de una violencia terrorífica que los acompañó en un lúgubre período del siglo pasado.
En esta extraña sucesión de días también habría que incluir la muerte del ex dictador Alfredo Stroessner ocurrida el 15 de agosto pasado. Quien se llevó a la tumba una cifra de 32 mil asesinados o desaparecidos y más de 1 millón de exiliados. Murió en Brasil pero con una solicitud de extradición para ser procesado.
El asesinato, los crímenes atroces y de lesa humanidad producen un tipo de desprendimiento de piel que hace sangrar por el resto de sus días a quienes los patrocinan y ejecutan. Y tal cual muestran los episodios del Cono Sur, estos sangrados no pueden ser curados ni con blindajes constitucionales. Atormentar y arrebatar vidas humanas tiene sus costos físicos y éticos de por vida. Provocan llagas en el cuerpo y en la conciencia que sólo alcanzan a ser toleradas porque se necesita edificar sociedades en paz.
Cada uno de estos señores imaginó ser un gran carroñero que engordaba su estómago con carne humana. Cóndores desplegando sus alas como amigos sobre un subcontinente para arrojar al mar “la carroña” que les sobraba. No obstante el pasar de las décadas, el recuerdo permanece punzante al lado de la exigencia de una justicia que no favorezca a quienes se provocaron males incurables.
El periodo más violento de aquella dictadura se dio bajo el puño de Videla. Organizaciones de derechos humanos estiman que la mayor parte de los cerca de 30 mil desaparecidos y asesinados, los torturados y los exiliados ocurrieron en su gobierno de facto. “Deberán morir todos los que sea necesario para alcanzar la paz”, diría meses antes del golpe de 1976.
En el momento en que aparece la noticia el ex dictador se encontraba ya bajo arresto domiciliario, entre otras causas, por el robo de bebés. En los tumultos que retenían ilegalmente el ejército ya fuera para torturar o desaparecer, un gran número eran mujeres. Si estas se encontraban en embarazo esperaban con paciencia de hierro a que dieran a luz. Después, su hijo era entregado en adopción a alguna familia simpatizante del régimen. Para que la estirpe de la oposición o el hedor a protesta desapareciera de la superficie habitable.
Esta noticia no acababa de ser digerida cuando el viernes 8 de septiembre, en Chile, la Corte Suprema le quitaba la inmunidad al ex dictador Augusto Pinochet para que fuera juzgado por las torturas ocurridas en Villa Grimaldi. Lugar donde también estuvieron detenidas la actual Presidenta de Chile y su madre.
Aquella inmunidad se la había dado él mismo antes de dejar el poder con el propósito de evitar ser juzgado por las atrocidades cometidas. Durante su dictadura agentes directos o indirectos del Estado asesinaron y desaparecieron a más de dos mil personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
En la noche del domingo 10, unas 5 mil personas protestaban en las calles de Santiago en vísperas de un nuevo aniversario del golpe militar. Y, entre razones, se movilizaban para recordar aquellos asesinados y desaparecidos.
La semana apenas comenzaba y el lunes 11, en Uruguay, un juez ordenaba procesar y enviar a la cárcel a seis militares y dos policías por el secuestro y desaparición de varios ciudadanos uruguayos en el vecino país de Argentina, en tiempos también de su última dictadura.
La noche anterior otro militar se había pegado un tiro de gracia en la cabeza -tal vez siendo consecuente con el honor militar. Iba a ser interrogado dentro del mismo caso. Todos ellos estaban cobijados por una ley de amnistía que prohíbe procesarlos por violaciones a los derechos humanos.
El fallo del juez ha levantado críticas, sobre todo porque algunos consideran que desconoce garantías jurídicas para los ex militares establecidas por la democracia. “La peor lección que les podemos dar a los uruguayos es que los militares finalmente tenían razón; o sea, que el fin justifica los medios, que yo puedo ignorar las garantías, los derechos y las libertades en aras de lograr mis objetivos”, expone Carlos Ramera, un ex asesor presidencial. Sin embargo, Ramera desconoce que a ratos la justicia está por encima de las leyes.
Este encadenamiento de hechos que, por inesperados parecen extraños, suceden en el Cono Sur impulsados por nuevos gobiernos y una parte de la población que desea espantar con justicia los fantasmas de una violencia terrorífica que los acompañó en un lúgubre período del siglo pasado.
En esta extraña sucesión de días también habría que incluir la muerte del ex dictador Alfredo Stroessner ocurrida el 15 de agosto pasado. Quien se llevó a la tumba una cifra de 32 mil asesinados o desaparecidos y más de 1 millón de exiliados. Murió en Brasil pero con una solicitud de extradición para ser procesado.
El asesinato, los crímenes atroces y de lesa humanidad producen un tipo de desprendimiento de piel que hace sangrar por el resto de sus días a quienes los patrocinan y ejecutan. Y tal cual muestran los episodios del Cono Sur, estos sangrados no pueden ser curados ni con blindajes constitucionales. Atormentar y arrebatar vidas humanas tiene sus costos físicos y éticos de por vida. Provocan llagas en el cuerpo y en la conciencia que sólo alcanzan a ser toleradas porque se necesita edificar sociedades en paz.
Cada uno de estos señores imaginó ser un gran carroñero que engordaba su estómago con carne humana. Cóndores desplegando sus alas como amigos sobre un subcontinente para arrojar al mar “la carroña” que les sobraba. No obstante el pasar de las décadas, el recuerdo permanece punzante al lado de la exigencia de una justicia que no favorezca a quienes se provocaron males incurables.
1 comentario:
PARAGUAY: VIDELA SÍ, CHÁVEZ NO
(Publicado en Kaosenlared x Luis Agüero Wagner)
Mientras en los países de la región los Derechos Humanos y la libertad de pensamiento van ganando terreno e incluso sirven de plataforma a los políticos para captar votos, los émulos del senador Mc Carthy en Paraguay, capitaneados por el propietario del diario ABC color Aldo Zucolillo, han retrocedido medio siglo en el tiempo que mide el contexto internacional, en un país en el que sólo basta alejarse unos 15 kilómetros de la capital para volver del mundo contemporáneo a la prehistoria, pasando por el modernismo, la edad media y el mundo antiguo. Es lo que se deduce del desmesurado espacio que vienen dedicando a satanizar a Hugo Chávez y a su política exterior, llegando al extremo de escrachar con fotos e infografías a supuestos simpatizantes paraguayos de la revolución bolivariana.
Nada más natural en un medio donde los políticos que hablan de derechos humanos pierden intención de voto entre el electorado, y la popularidad sube cuando más mano dura prometan.
Para honrar la memoria, debemos puntualizar que no siempre la prensa paraguaya se mostró tan susceptible a las amenazas a las libertades públicas de la región, sobre todo en tiempos en que los dictadores se asemejaban más al prototipo promovido desde el norte que a sus propios pueblos. Nadie se escandalizó en el periodismo libre cuando el General Alfredo Stroessner visitó Venezuela en junio de 1957 para estrechar vínculos con el dictador militar del país caribeño, General Marcos Pérez Jiménez, en tiempos en que ambos subproductos de la política exterior estadounidense concedían graciosamente tajadas del espectro radioeléctrico a sus adulones. Para que no queden dudas sobre el carácter marcial de su visita, Stroessner se alojó en el local del Círculo de las Fuerzas Armadas de Venezuela, en Caracas.
Un par de décadas más tarde, un 20 de abril de 1977, era recibido por Stroessner con los honores correspondientes, el Teniente General Jorge Rafael Videla, quien llegaba al Paraguay acompañado de su esposa Alicia Raquel Hartidge. A la noche se llevó a cabo una recepción de gala en el Palacio de Gobierno de Asunción, donde no faltaron los pundonorosos y austeros luchadores por la libertad de expresión, que aún no habían sido seleccionados por la embajada norteamericana como propagandistas de la democracia tutelada. Es conocido que la National Endowment for Democracy , la USAID y la CIA se abocarían a fabricar entre ellos a bien remunerados disidentes y “luchadores por la democracia” en el crepúsculo del régimen militar paraguayo.
Al conocerse a principios de marzo en Asunción la próxima visita de Videla, ABC color publicaba su recordado editorial donde criticaba al presidente Jimmy Carter por su énfasis en la promoción de los Derechos Humanos y defendía al proceso argentino sentenciando que al presidente norteamericano le era muy fácil pontificar lejos del problema. Por las mismas fechas eran apresados en Asunción Alejandro José Logoluso y Marta Landi, entregados a los sicarios de Videla por las fuerzas represivas paraguayas. Los grupos de tareas de Pastor Coronel tampoco se apiadarían de José Nell, paralítico desde que recibió una bala en los disturbios desatados en Ezeiza por el retorno de Perón.
El 28 de enero de 1999 Hebe de Bonafini pidió a Baltasar Garzón que solicite la extradición del dictador Stroessner, presentando documentos tales como una ficha policial de la Dirección de Registro de Extranjeros paraguayos de la desaparecida argentina Dora Marta Landi Gil, que está fechada en Asunción en marzo de 1977; una tarjeta del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Marta Landi, que está registrada en Asunción el 10 de marzo de 1997; y un informe de la policía de Asunción, donde se notifica que Marta Landi (argentina), Alejandro José Logolusso (argentino), José Nell (argentino) y otros han sido expulsados del país. Este informe policial está fechado el 16 de mayo de 1977. Entre los documentos, también destacan un registro de vuelo en el que se acredita que, el 16 de mayo de 1977, el capitán de corbeta José Abdalá, (alias Turco) trasladó a Landi Gil y a su compañero, Alejandro José Logolusso, de Asunción a Buenos Aires.
El destino de todas estas personas, embarcadas en el vuelo del que jamás regresarían, con seguridad poco importan a Zucolillo y otros paladines de la democracia sin chavismo, ayer tan ocupados en recibir las mieles de la proximidad al poder dictatorial, como hoy en sostener su autocomplaciente y fantasmática reputación democrática, aún al precio de buscar sombras en el cuarto oscuro de su conciencia. LUIS AGÜERO WAGNER.
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