17-10-2007
Este siglo deber ser menos mesiánico y menos bárbaro. En tres años se cumplirá el segundo centenario de las independencias de Hispanoamérica y dentro de todas las preguntas que surgen para su conmemoración inevitablemente aparece la de cuánto se han madurado los valores de la democracia. Si durante estos dos siglos hemos sabido representarnos.
La respuesta no es halagadora. Si algo ha caracterizado en estos dos siglos a esta parte de América no ha sido con seguridad la democracia. Fueron sí sus delirios violentos, sus dictaduras sucesivas y sus crisis políticas permanentes. Solo desde las dos últimas décadas del siglo pasado se empezó a vislumbrar un agotamiento de esta constante, pero sin que aún se pueda dar parte de victoria. Persisten rezagos y espantos que se niegan a perecer.
Esta reflexión cobra importancia en estos días en que han coincidido las diligencias de varios procesos judiciales que se revuelcan entre las calderas dejadas por los dictadores. Cobra importancia también por la corriente reeleccionista, que se extiende en toda la región y que preocupa porque parece heredar ese desdén por los procedimientos democráticos que de buen modo saben despreciar los dictadores y sus atormentados feligreses.
-El viernes pasado, Alberto Fujimori debió rendir la primera declaración instructiva ante la Corte Suprema de Perú. Se le acusa de estar al tanto del asesinato de quince personas en Barrios Altos por supuestos vínculos con el grupo Sendero Luminoso y del secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta a manos de unidades de exterminio del Ejército. También se le acusa de haber concentrado todo el poder del Estado, de corrupción y de otras arbitrariedades. Fujimori está preso. Dice que teme morir en la cárcel y, al igual que casi todos los abusadores del poder, se considera salvador e inocente. "He sido el presidente que ha vencido al terrorismo y sentando las bases del desarrollo que hoy ya el Perú comienza a disfrutar", asegura. Los jueces piensan otra cosa.
-Dos días antes, el miércoles, la Iglesia Católica había recibido una dura sentencia. El sacerdote Christian Von Wernich fue condenado a cadena perpetua por estar implicado en el asesinato de siete personas, la tortura de treinta y el secuestro de cuarenta y dos más. Christian Von Wernich recorría los centros clandestinos de la última dictadura argentina impartiendo la palabra divina mientras torturaban a los detenidos. "Tu vida depende de Dios y de que colabores", bromeaba. El caso retrata hasta dónde la violencia política y su justificación infestaron la cultura en la región. Él también se juzgó inocente al comparar su caso con el de Jesucristo. Él "tuvo un juicio apoyado por el pueblo, que pidió que fuese crucificado, pero resucitó".
-Y hace poco más de una semana, la esposa, los cinco hijos y los colaboradores más cercados del ex dictador Augusto Pinochet fueron detenidos por el latrocinio de las arcas públicas durante el régimen. Deben responder por el origen familiar de 20,2 millones de dólares. Las sombras de uno de los dictadores más implacables del Cono Sur rondan a sus familiares. Ellos, como corresponde, también se presumen inocentes. "Aquí hay un móvil político. Quieren exterminar todo lo que sea de Pinochet", dice un diputado que critica la medida.
Estos casos, que han estado en los últimos titulares de la prensa hispanoamericana, resumen en parte, no la fortaleza de la justicia, sino la pobreza de los hábitos políticos que abrasaron a toda la región. En contraste, lo que uno espera es que las vueltas al pasado a las que nos llevan esos juicios sean una manera de liquidar definitivamente los restos de dos siglos de burla y esquizofrenia políticas.
>>Publicado originalmente en:
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3768979.html
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Fantasmas insaciables
05-10-2006
Han llamado al 911, el número de emergencia de la policía, para que busquen en el sótano de una editorial católica. Alguien informó que el desaparecido lo encerraron allí entre los libros polvorientos. Buscaron; no hallaron nada.
Sobre caballos los policías rastrillan entre matorrales el cuerpo o algún olor putrefacto que el viento pueda arrastrar de campos lejanos. Escudriñan también entre las alcantarillas. Van a ser tres semanas ya sin noticias sobre su existencia. La zozobra se ha apoderado de su familia, de los ciudadanos, que salen multitudinariamente a las calles a exigir que aparezca lo que nunca aparece.
El sábado pasado encontraron el cuerpo de un hombre que parecía ser el de él. Pero no, son los de otro veinte años menor. Se han comparado infructuosamente sus huellas dactilares con cerca de treinta cadáveres de personas que han muerto en las últimas horas. Han revolcado los cuerpos en la morgue, en los cementerios, en los hospitales, y nada, no aparece.
El gobierno ha ofrecido una jugosa suma a quien dé información sobre su paradero. Su fotografía aparece cada día en televisión. También la llevan los patrulleros de la policía. Hay que seguir buscando, igual es mucha la experiencia que se tiene en este tipo de eventos: fueron cerca de 30 mil las personas desaparecidas y asesinadas durante los años de la dictadura, 1976-1983.
Dicen que Jorge Julio López, un albañil de 77 años, acostumbraba a caminar por el barrio todas las mañanas. Un día antes de su desaparición había quedado en encontrarse con uno de sus hijos para asistir a la audiencia de alegatos del juicio. López había testificado contra Miguel Etchecolatz, ex director de investigaciones de la policía de Buenos Aires, en un proceso que se le adelantaba por secuestros, torturas y asesinatos perpetrados durante el último gobierno de la dictadura militar. El veredicto, culpable. Cárcel perpetua.
Era el primer juicio contra un ex represor tras la anulación, por inconstitucionales, de las leyes de perdón y olvido. Estas impedían juzgar a miembros de las fuerzas armadas por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la época del terror. Pero Etchecolatz nunca se consideró culpable. “No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan”, dijo en su momento.
Días después de la desaparición de López aparece una avalancha de cartas amenazantes contra fiscales y jueces cercanos al caso de Etchecolatz y a otros que llevan procesos contra ex represores. “Esta farsa tendrá su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo deberán rendir cuentas. Volveremos a tomar contacto con usted”, dice una de las misivas anónimas. “La verdadera justicia llegará”, se lee en otra.
Allí está. El mismo pánico escalofriante atizado por todas las dictaduras y todo actor armado en cualquier rincón del planeta para reducir, humillar y paralizar toda acción o pensamiento contrario. Y también la voz de lo justo. El mensaje es devastador: “mientras transcurre ese sueño frágil llamado democracia, sólo dormimos, no dejamos de existir. La justicia es sólo para civiles y perdedores no para nosotros”.
Pareciera una sin salida, al lado del primer juicio contra un ex represor; se presenta “el primer desaparecido de la democracia”, sugeriría Felipe Solá, gobernador de Buenos Aires.
En Colombia transitamos en este momento y se transitará en las próximas décadas por terrenos semejantes en los que hoy deambula la sociedad argentina. Se pide justicia y verdad. Y para encontrarla, aquí también veremos desfilar por los estrados judiciales a ex paramilitares y ex insurgentes, y también a miembros de la fuerza pública.
Lo que hoy sucede en Argentina puede ser una anticipación débil de lo que podría pasar aquí, en este país cuya guerra aún no ha terminado y donde desaparecer y asesinar testigos es pan de cada día.
Cuánta hiel habrá que tragarnos ahora para que el pasado no se repita con exactitud en el futuro. Para que podamos sepultarlo para siempre con todos sus fantasmas detestables, insaciables.
>>Publicado originalmente en:
Sobre caballos los policías rastrillan entre matorrales el cuerpo o algún olor putrefacto que el viento pueda arrastrar de campos lejanos. Escudriñan también entre las alcantarillas. Van a ser tres semanas ya sin noticias sobre su existencia. La zozobra se ha apoderado de su familia, de los ciudadanos, que salen multitudinariamente a las calles a exigir que aparezca lo que nunca aparece.
El sábado pasado encontraron el cuerpo de un hombre que parecía ser el de él. Pero no, son los de otro veinte años menor. Se han comparado infructuosamente sus huellas dactilares con cerca de treinta cadáveres de personas que han muerto en las últimas horas. Han revolcado los cuerpos en la morgue, en los cementerios, en los hospitales, y nada, no aparece.
El gobierno ha ofrecido una jugosa suma a quien dé información sobre su paradero. Su fotografía aparece cada día en televisión. También la llevan los patrulleros de la policía. Hay que seguir buscando, igual es mucha la experiencia que se tiene en este tipo de eventos: fueron cerca de 30 mil las personas desaparecidas y asesinadas durante los años de la dictadura, 1976-1983.
Dicen que Jorge Julio López, un albañil de 77 años, acostumbraba a caminar por el barrio todas las mañanas. Un día antes de su desaparición había quedado en encontrarse con uno de sus hijos para asistir a la audiencia de alegatos del juicio. López había testificado contra Miguel Etchecolatz, ex director de investigaciones de la policía de Buenos Aires, en un proceso que se le adelantaba por secuestros, torturas y asesinatos perpetrados durante el último gobierno de la dictadura militar. El veredicto, culpable. Cárcel perpetua.
Era el primer juicio contra un ex represor tras la anulación, por inconstitucionales, de las leyes de perdón y olvido. Estas impedían juzgar a miembros de las fuerzas armadas por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la época del terror. Pero Etchecolatz nunca se consideró culpable. “No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan”, dijo en su momento.
Días después de la desaparición de López aparece una avalancha de cartas amenazantes contra fiscales y jueces cercanos al caso de Etchecolatz y a otros que llevan procesos contra ex represores. “Esta farsa tendrá su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo deberán rendir cuentas. Volveremos a tomar contacto con usted”, dice una de las misivas anónimas. “La verdadera justicia llegará”, se lee en otra.
Allí está. El mismo pánico escalofriante atizado por todas las dictaduras y todo actor armado en cualquier rincón del planeta para reducir, humillar y paralizar toda acción o pensamiento contrario. Y también la voz de lo justo. El mensaje es devastador: “mientras transcurre ese sueño frágil llamado democracia, sólo dormimos, no dejamos de existir. La justicia es sólo para civiles y perdedores no para nosotros”.
Pareciera una sin salida, al lado del primer juicio contra un ex represor; se presenta “el primer desaparecido de la democracia”, sugeriría Felipe Solá, gobernador de Buenos Aires.
En Colombia transitamos en este momento y se transitará en las próximas décadas por terrenos semejantes en los que hoy deambula la sociedad argentina. Se pide justicia y verdad. Y para encontrarla, aquí también veremos desfilar por los estrados judiciales a ex paramilitares y ex insurgentes, y también a miembros de la fuerza pública.
Lo que hoy sucede en Argentina puede ser una anticipación débil de lo que podría pasar aquí, en este país cuya guerra aún no ha terminado y donde desaparecer y asesinar testigos es pan de cada día.
Cuánta hiel habrá que tragarnos ahora para que el pasado no se repita con exactitud en el futuro. Para que podamos sepultarlo para siempre con todos sus fantasmas detestables, insaciables.
>>Publicado originalmente en:
Llagas incurables
20-09-2006
El ex dictador Jorge Rafael Videla ha perdido el indulto que le otorgó el gobierno de Carlos Menem. El martes 5 de septiembre un juez lo anuló al considerar que era contrario a la Constitución argentina. El asunto es claro. Los delitos aberrantes no pueden ser amnistiados y tampoco prescriben.
El periodo más violento de aquella dictadura se dio bajo el puño de Videla. Organizaciones de derechos humanos estiman que la mayor parte de los cerca de 30 mil desaparecidos y asesinados, los torturados y los exiliados ocurrieron en su gobierno de facto. “Deberán morir todos los que sea necesario para alcanzar la paz”, diría meses antes del golpe de 1976.
En el momento en que aparece la noticia el ex dictador se encontraba ya bajo arresto domiciliario, entre otras causas, por el robo de bebés. En los tumultos que retenían ilegalmente el ejército ya fuera para torturar o desaparecer, un gran número eran mujeres. Si estas se encontraban en embarazo esperaban con paciencia de hierro a que dieran a luz. Después, su hijo era entregado en adopción a alguna familia simpatizante del régimen. Para que la estirpe de la oposición o el hedor a protesta desapareciera de la superficie habitable.
Esta noticia no acababa de ser digerida cuando el viernes 8 de septiembre, en Chile, la Corte Suprema le quitaba la inmunidad al ex dictador Augusto Pinochet para que fuera juzgado por las torturas ocurridas en Villa Grimaldi. Lugar donde también estuvieron detenidas la actual Presidenta de Chile y su madre.
Aquella inmunidad se la había dado él mismo antes de dejar el poder con el propósito de evitar ser juzgado por las atrocidades cometidas. Durante su dictadura agentes directos o indirectos del Estado asesinaron y desaparecieron a más de dos mil personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
En la noche del domingo 10, unas 5 mil personas protestaban en las calles de Santiago en vísperas de un nuevo aniversario del golpe militar. Y, entre razones, se movilizaban para recordar aquellos asesinados y desaparecidos.
La semana apenas comenzaba y el lunes 11, en Uruguay, un juez ordenaba procesar y enviar a la cárcel a seis militares y dos policías por el secuestro y desaparición de varios ciudadanos uruguayos en el vecino país de Argentina, en tiempos también de su última dictadura.
La noche anterior otro militar se había pegado un tiro de gracia en la cabeza -tal vez siendo consecuente con el honor militar. Iba a ser interrogado dentro del mismo caso. Todos ellos estaban cobijados por una ley de amnistía que prohíbe procesarlos por violaciones a los derechos humanos.
El fallo del juez ha levantado críticas, sobre todo porque algunos consideran que desconoce garantías jurídicas para los ex militares establecidas por la democracia. “La peor lección que les podemos dar a los uruguayos es que los militares finalmente tenían razón; o sea, que el fin justifica los medios, que yo puedo ignorar las garantías, los derechos y las libertades en aras de lograr mis objetivos”, expone Carlos Ramera, un ex asesor presidencial. Sin embargo, Ramera desconoce que a ratos la justicia está por encima de las leyes.
Este encadenamiento de hechos que, por inesperados parecen extraños, suceden en el Cono Sur impulsados por nuevos gobiernos y una parte de la población que desea espantar con justicia los fantasmas de una violencia terrorífica que los acompañó en un lúgubre período del siglo pasado.
En esta extraña sucesión de días también habría que incluir la muerte del ex dictador Alfredo Stroessner ocurrida el 15 de agosto pasado. Quien se llevó a la tumba una cifra de 32 mil asesinados o desaparecidos y más de 1 millón de exiliados. Murió en Brasil pero con una solicitud de extradición para ser procesado.
El asesinato, los crímenes atroces y de lesa humanidad producen un tipo de desprendimiento de piel que hace sangrar por el resto de sus días a quienes los patrocinan y ejecutan. Y tal cual muestran los episodios del Cono Sur, estos sangrados no pueden ser curados ni con blindajes constitucionales. Atormentar y arrebatar vidas humanas tiene sus costos físicos y éticos de por vida. Provocan llagas en el cuerpo y en la conciencia que sólo alcanzan a ser toleradas porque se necesita edificar sociedades en paz.
Cada uno de estos señores imaginó ser un gran carroñero que engordaba su estómago con carne humana. Cóndores desplegando sus alas como amigos sobre un subcontinente para arrojar al mar “la carroña” que les sobraba. No obstante el pasar de las décadas, el recuerdo permanece punzante al lado de la exigencia de una justicia que no favorezca a quienes se provocaron males incurables.
El periodo más violento de aquella dictadura se dio bajo el puño de Videla. Organizaciones de derechos humanos estiman que la mayor parte de los cerca de 30 mil desaparecidos y asesinados, los torturados y los exiliados ocurrieron en su gobierno de facto. “Deberán morir todos los que sea necesario para alcanzar la paz”, diría meses antes del golpe de 1976.
En el momento en que aparece la noticia el ex dictador se encontraba ya bajo arresto domiciliario, entre otras causas, por el robo de bebés. En los tumultos que retenían ilegalmente el ejército ya fuera para torturar o desaparecer, un gran número eran mujeres. Si estas se encontraban en embarazo esperaban con paciencia de hierro a que dieran a luz. Después, su hijo era entregado en adopción a alguna familia simpatizante del régimen. Para que la estirpe de la oposición o el hedor a protesta desapareciera de la superficie habitable.
Esta noticia no acababa de ser digerida cuando el viernes 8 de septiembre, en Chile, la Corte Suprema le quitaba la inmunidad al ex dictador Augusto Pinochet para que fuera juzgado por las torturas ocurridas en Villa Grimaldi. Lugar donde también estuvieron detenidas la actual Presidenta de Chile y su madre.
Aquella inmunidad se la había dado él mismo antes de dejar el poder con el propósito de evitar ser juzgado por las atrocidades cometidas. Durante su dictadura agentes directos o indirectos del Estado asesinaron y desaparecieron a más de dos mil personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
En la noche del domingo 10, unas 5 mil personas protestaban en las calles de Santiago en vísperas de un nuevo aniversario del golpe militar. Y, entre razones, se movilizaban para recordar aquellos asesinados y desaparecidos.
La semana apenas comenzaba y el lunes 11, en Uruguay, un juez ordenaba procesar y enviar a la cárcel a seis militares y dos policías por el secuestro y desaparición de varios ciudadanos uruguayos en el vecino país de Argentina, en tiempos también de su última dictadura.
La noche anterior otro militar se había pegado un tiro de gracia en la cabeza -tal vez siendo consecuente con el honor militar. Iba a ser interrogado dentro del mismo caso. Todos ellos estaban cobijados por una ley de amnistía que prohíbe procesarlos por violaciones a los derechos humanos.
El fallo del juez ha levantado críticas, sobre todo porque algunos consideran que desconoce garantías jurídicas para los ex militares establecidas por la democracia. “La peor lección que les podemos dar a los uruguayos es que los militares finalmente tenían razón; o sea, que el fin justifica los medios, que yo puedo ignorar las garantías, los derechos y las libertades en aras de lograr mis objetivos”, expone Carlos Ramera, un ex asesor presidencial. Sin embargo, Ramera desconoce que a ratos la justicia está por encima de las leyes.
Este encadenamiento de hechos que, por inesperados parecen extraños, suceden en el Cono Sur impulsados por nuevos gobiernos y una parte de la población que desea espantar con justicia los fantasmas de una violencia terrorífica que los acompañó en un lúgubre período del siglo pasado.
En esta extraña sucesión de días también habría que incluir la muerte del ex dictador Alfredo Stroessner ocurrida el 15 de agosto pasado. Quien se llevó a la tumba una cifra de 32 mil asesinados o desaparecidos y más de 1 millón de exiliados. Murió en Brasil pero con una solicitud de extradición para ser procesado.
El asesinato, los crímenes atroces y de lesa humanidad producen un tipo de desprendimiento de piel que hace sangrar por el resto de sus días a quienes los patrocinan y ejecutan. Y tal cual muestran los episodios del Cono Sur, estos sangrados no pueden ser curados ni con blindajes constitucionales. Atormentar y arrebatar vidas humanas tiene sus costos físicos y éticos de por vida. Provocan llagas en el cuerpo y en la conciencia que sólo alcanzan a ser toleradas porque se necesita edificar sociedades en paz.
Cada uno de estos señores imaginó ser un gran carroñero que engordaba su estómago con carne humana. Cóndores desplegando sus alas como amigos sobre un subcontinente para arrojar al mar “la carroña” que les sobraba. No obstante el pasar de las décadas, el recuerdo permanece punzante al lado de la exigencia de una justicia que no favorezca a quienes se provocaron males incurables.
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