20-09-2006
El ex dictador Jorge Rafael Videla ha perdido el indulto que le otorgó el gobierno de Carlos Menem. El martes 5 de septiembre un juez lo anuló al considerar que era contrario a la Constitución argentina. El asunto es claro. Los delitos aberrantes no pueden ser amnistiados y tampoco prescriben.
El periodo más violento de aquella dictadura se dio bajo el puño de Videla. Organizaciones de derechos humanos estiman que la mayor parte de los cerca de 30 mil desaparecidos y asesinados, los torturados y los exiliados ocurrieron en su gobierno de facto. “Deberán morir todos los que sea necesario para alcanzar la paz”, diría meses antes del golpe de 1976.
En el momento en que aparece la noticia el ex dictador se encontraba ya bajo arresto domiciliario, entre otras causas, por el robo de bebés. En los tumultos que retenían ilegalmente el ejército ya fuera para torturar o desaparecer, un gran número eran mujeres. Si estas se encontraban en embarazo esperaban con paciencia de hierro a que dieran a luz. Después, su hijo era entregado en adopción a alguna familia simpatizante del régimen. Para que la estirpe de la oposición o el hedor a protesta desapareciera de la superficie habitable.
Esta noticia no acababa de ser digerida cuando el viernes 8 de septiembre, en Chile, la Corte Suprema le quitaba la inmunidad al ex dictador Augusto Pinochet para que fuera juzgado por las torturas ocurridas en Villa Grimaldi. Lugar donde también estuvieron detenidas la actual Presidenta de Chile y su madre.
Aquella inmunidad se la había dado él mismo antes de dejar el poder con el propósito de evitar ser juzgado por las atrocidades cometidas. Durante su dictadura agentes directos o indirectos del Estado asesinaron y desaparecieron a más de dos mil personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
En la noche del domingo 10, unas 5 mil personas protestaban en las calles de Santiago en vísperas de un nuevo aniversario del golpe militar. Y, entre razones, se movilizaban para recordar aquellos asesinados y desaparecidos.
La semana apenas comenzaba y el lunes 11, en Uruguay, un juez ordenaba procesar y enviar a la cárcel a seis militares y dos policías por el secuestro y desaparición de varios ciudadanos uruguayos en el vecino país de Argentina, en tiempos también de su última dictadura.
La noche anterior otro militar se había pegado un tiro de gracia en la cabeza -tal vez siendo consecuente con el honor militar. Iba a ser interrogado dentro del mismo caso. Todos ellos estaban cobijados por una ley de amnistía que prohíbe procesarlos por violaciones a los derechos humanos.
El fallo del juez ha levantado críticas, sobre todo porque algunos consideran que desconoce garantías jurídicas para los ex militares establecidas por la democracia. “La peor lección que les podemos dar a los uruguayos es que los militares finalmente tenían razón; o sea, que el fin justifica los medios, que yo puedo ignorar las garantías, los derechos y las libertades en aras de lograr mis objetivos”, expone Carlos Ramera, un ex asesor presidencial. Sin embargo, Ramera desconoce que a ratos la justicia está por encima de las leyes.
Este encadenamiento de hechos que, por inesperados parecen extraños, suceden en el Cono Sur impulsados por nuevos gobiernos y una parte de la población que desea espantar con justicia los fantasmas de una violencia terrorífica que los acompañó en un lúgubre período del siglo pasado.
En esta extraña sucesión de días también habría que incluir la muerte del ex dictador Alfredo Stroessner ocurrida el 15 de agosto pasado. Quien se llevó a la tumba una cifra de 32 mil asesinados o desaparecidos y más de 1 millón de exiliados. Murió en Brasil pero con una solicitud de extradición para ser procesado.
El asesinato, los crímenes atroces y de lesa humanidad producen un tipo de desprendimiento de piel que hace sangrar por el resto de sus días a quienes los patrocinan y ejecutan. Y tal cual muestran los episodios del Cono Sur, estos sangrados no pueden ser curados ni con blindajes constitucionales. Atormentar y arrebatar vidas humanas tiene sus costos físicos y éticos de por vida. Provocan llagas en el cuerpo y en la conciencia que sólo alcanzan a ser toleradas porque se necesita edificar sociedades en paz.
Cada uno de estos señores imaginó ser un gran carroñero que engordaba su estómago con carne humana. Cóndores desplegando sus alas como amigos sobre un subcontinente para arrojar al mar “la carroña” que les sobraba. No obstante el pasar de las décadas, el recuerdo permanece punzante al lado de la exigencia de una justicia que no favorezca a quienes se provocaron males incurables.
El periodo más violento de aquella dictadura se dio bajo el puño de Videla. Organizaciones de derechos humanos estiman que la mayor parte de los cerca de 30 mil desaparecidos y asesinados, los torturados y los exiliados ocurrieron en su gobierno de facto. “Deberán morir todos los que sea necesario para alcanzar la paz”, diría meses antes del golpe de 1976.
En el momento en que aparece la noticia el ex dictador se encontraba ya bajo arresto domiciliario, entre otras causas, por el robo de bebés. En los tumultos que retenían ilegalmente el ejército ya fuera para torturar o desaparecer, un gran número eran mujeres. Si estas se encontraban en embarazo esperaban con paciencia de hierro a que dieran a luz. Después, su hijo era entregado en adopción a alguna familia simpatizante del régimen. Para que la estirpe de la oposición o el hedor a protesta desapareciera de la superficie habitable.
Esta noticia no acababa de ser digerida cuando el viernes 8 de septiembre, en Chile, la Corte Suprema le quitaba la inmunidad al ex dictador Augusto Pinochet para que fuera juzgado por las torturas ocurridas en Villa Grimaldi. Lugar donde también estuvieron detenidas la actual Presidenta de Chile y su madre.
Aquella inmunidad se la había dado él mismo antes de dejar el poder con el propósito de evitar ser juzgado por las atrocidades cometidas. Durante su dictadura agentes directos o indirectos del Estado asesinaron y desaparecieron a más de dos mil personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
En la noche del domingo 10, unas 5 mil personas protestaban en las calles de Santiago en vísperas de un nuevo aniversario del golpe militar. Y, entre razones, se movilizaban para recordar aquellos asesinados y desaparecidos.
La semana apenas comenzaba y el lunes 11, en Uruguay, un juez ordenaba procesar y enviar a la cárcel a seis militares y dos policías por el secuestro y desaparición de varios ciudadanos uruguayos en el vecino país de Argentina, en tiempos también de su última dictadura.
La noche anterior otro militar se había pegado un tiro de gracia en la cabeza -tal vez siendo consecuente con el honor militar. Iba a ser interrogado dentro del mismo caso. Todos ellos estaban cobijados por una ley de amnistía que prohíbe procesarlos por violaciones a los derechos humanos.
El fallo del juez ha levantado críticas, sobre todo porque algunos consideran que desconoce garantías jurídicas para los ex militares establecidas por la democracia. “La peor lección que les podemos dar a los uruguayos es que los militares finalmente tenían razón; o sea, que el fin justifica los medios, que yo puedo ignorar las garantías, los derechos y las libertades en aras de lograr mis objetivos”, expone Carlos Ramera, un ex asesor presidencial. Sin embargo, Ramera desconoce que a ratos la justicia está por encima de las leyes.
Este encadenamiento de hechos que, por inesperados parecen extraños, suceden en el Cono Sur impulsados por nuevos gobiernos y una parte de la población que desea espantar con justicia los fantasmas de una violencia terrorífica que los acompañó en un lúgubre período del siglo pasado.
En esta extraña sucesión de días también habría que incluir la muerte del ex dictador Alfredo Stroessner ocurrida el 15 de agosto pasado. Quien se llevó a la tumba una cifra de 32 mil asesinados o desaparecidos y más de 1 millón de exiliados. Murió en Brasil pero con una solicitud de extradición para ser procesado.
El asesinato, los crímenes atroces y de lesa humanidad producen un tipo de desprendimiento de piel que hace sangrar por el resto de sus días a quienes los patrocinan y ejecutan. Y tal cual muestran los episodios del Cono Sur, estos sangrados no pueden ser curados ni con blindajes constitucionales. Atormentar y arrebatar vidas humanas tiene sus costos físicos y éticos de por vida. Provocan llagas en el cuerpo y en la conciencia que sólo alcanzan a ser toleradas porque se necesita edificar sociedades en paz.
Cada uno de estos señores imaginó ser un gran carroñero que engordaba su estómago con carne humana. Cóndores desplegando sus alas como amigos sobre un subcontinente para arrojar al mar “la carroña” que les sobraba. No obstante el pasar de las décadas, el recuerdo permanece punzante al lado de la exigencia de una justicia que no favorezca a quienes se provocaron males incurables.
