04-02-2006
Los últimos datos aparecieron el sábado 7 de enero en primera plana en el único diario nacional: “Hubo 4.385 asesinatos menos en Colombia”. Sin embargo, el jueves 12 se aclara que existen unos 3.593 muertos perdidos entre las estadísticas de Medicina Legal y la Policía Nacional: “En el 2005 se registró la más alta disparidad en cifras de Policía Nacional y Medicina Legal”. Medicina Legal registra 14.505 asesinatos en el 2005, lo que equivale a una tasa de homicidios por 100 mil habitantes de 31,5; la Policía Nacional, 18.096, igual a una tasa de 39.
Esta disparidad aumenta la duda sobre los datos oficiales, y más si se tiene en cuenta que el actual gobierno ha sido criticado por hacer de los números un objeto de estética estadística. Estética que puede ser determinante en la pasarela electoral de este año. Pero, sin desconocer la importancia que pueda tener la aparente cirugía estadística en la coyuntura, una de las cosas más importantes aquí es el significado que esto pueda tener para el posconflicto en Colombia. Aún con los muertos perdidos entre los números de las dos instituciones, las cifras de las dos entidades indican que prosigue la tendencia a la baja en el número anual de asesinatos.
El inicio de esta tendencia se puede ubicar en 1994, año en que se rompe el incremento permanente que irrumpe con fuerza a finales de la década de 1970. La década de los 80 arranca con una tasa que ronda los 33 homicidios por 100 mil habitantes; para el año 85 los homicidios alcanzan una tasa de 45; el incremento prosigue, y en 1990 la tasa se ubica en 74. Pero va a ser en 1991 -año en que se proclama la actual Constitución, considerada en su momento un pacto político por la paz- y en los dos años que prosiguen, 1992 y 1993, en los que el asesinato alcanza el pico más alto, 28.284, 28.224 y 28.173, en su orden. Lo que equivale a tasas de 82, 85 y 83 homicidios por 100 mil habitantes, respectivamente. Estos datos le dieron a Colombia el calificativo de ser el país más violento del planeta.
No obstante, las cifras disminuyen cinco años consecutivos entre 1994 y 1998, en este último año el número total de homicidios fue de 23.096, con una tasa de 56. A partir de 1999 la tendencia a la baja retrocede con 24.358 homicidios, tasa de 59; y en 2002 se alcanza la cifra más alta, 28.837 asesinatos, tasa de 66. Son cinco años de retroceso respecto de la baja que se presenta entre 1994 y 1998, pero la tasa no logra alcanzar las cifras de 1991-1993 -aunque el número total de homicidios de 2002 es el mayor de las últimas décadas. En 2003 aparece otro punto de quiebre, 23.523 homicidios, igual a una tasa de 53; los asesinatos vuelven a bajar. Y en el 2004, se cuentan 20.210, tasa de 44. Aunque estas cifras no dejan de ser alarmantes en relación con los estándares internacionales. Para la Organización Mundial de la Salud, existe una epidemia cuando la tasa supera los 10 homicidios por 100 mil habitantes.
Esta tendencia general a la baja es importante respecto de la disminución de la violencia en Colombia. Y es más relevante aún si se estima que puede contribuir a que los conflictos sociales, el crimen organizado y los patrones de comportamiento violento sean más manejables en el posconflicto. Dado que no siempre el final de una confrontación armada significa la disminución de la violencia homicida: el caso más revelador es el de El Salvador.
En este país centroamericano durante 1990, dos años antes de los acuerdos de paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de Alfredo Cristiani, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes se estima en 69,8; en 1993, se ha disparado a 140; y en 1994 alcanza el pico más alto de la década de los 90, cerca de 160. Sólo hasta 1998, la tasa es menor a 100. Esta sigue descendiendo, pero nunca es inferior a 36. En el 2005, cifró 54,7; la más alta de América Latina. Y estamos hablando de un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado como el colombiano. Entre las razones de este incremento sobresalen el deterioro de las condiciones económicas, efectos secundarios heredados del conflicto armado y el incremento del crimen organizado, especialmente ligado al narcotráfico. Todos estos fenómenos están presentes en Colombia.
Bajar el asesinato es una responsabilidad del Estado colombiano con la vida de los seres humanos que hacen parte de él; y es una responsabilidad de toda la sociedad con la disminución del dolor humano. Desde una mirada prospectiva es de gran importancia porque significa anticiparse a las contingencias y factores generadores de violencia que se puedan presentar en el posconflicto. Restar a este tipo de muerte puede ser también un sensible indicador de cuánta esperanza se puede tener en un país que se ha venido desangrando día a día.
En los últimos años no se había presentado una disminución similar en el número de homicidios, pero vale anotar que tampoco se había dado una desmovilización de paramilitares igual a la que se ha efectuado durante el último gobierno. Ambos asuntos podrían contribuir a morigerar los desequilibrios y reacomodamientos del posconflicto. Y aquí hay que enfatizar que sólo podrían, porque Colombia aún se encuentra empantanada en la violencia cotidiana y en pleno conflicto armado. No hay razones para celebrar mientras maten a tantos seres humanos. Mucho menos cuando las cifras traspapelan y banalizan la vida de los muertos.
Los últimos datos aparecieron el sábado 7 de enero en primera plana en el único diario nacional: “Hubo 4.385 asesinatos menos en Colombia”. Sin embargo, el jueves 12 se aclara que existen unos 3.593 muertos perdidos entre las estadísticas de Medicina Legal y la Policía Nacional: “En el 2005 se registró la más alta disparidad en cifras de Policía Nacional y Medicina Legal”. Medicina Legal registra 14.505 asesinatos en el 2005, lo que equivale a una tasa de homicidios por 100 mil habitantes de 31,5; la Policía Nacional, 18.096, igual a una tasa de 39.
Esta disparidad aumenta la duda sobre los datos oficiales, y más si se tiene en cuenta que el actual gobierno ha sido criticado por hacer de los números un objeto de estética estadística. Estética que puede ser determinante en la pasarela electoral de este año. Pero, sin desconocer la importancia que pueda tener la aparente cirugía estadística en la coyuntura, una de las cosas más importantes aquí es el significado que esto pueda tener para el posconflicto en Colombia. Aún con los muertos perdidos entre los números de las dos instituciones, las cifras de las dos entidades indican que prosigue la tendencia a la baja en el número anual de asesinatos.
El inicio de esta tendencia se puede ubicar en 1994, año en que se rompe el incremento permanente que irrumpe con fuerza a finales de la década de 1970. La década de los 80 arranca con una tasa que ronda los 33 homicidios por 100 mil habitantes; para el año 85 los homicidios alcanzan una tasa de 45; el incremento prosigue, y en 1990 la tasa se ubica en 74. Pero va a ser en 1991 -año en que se proclama la actual Constitución, considerada en su momento un pacto político por la paz- y en los dos años que prosiguen, 1992 y 1993, en los que el asesinato alcanza el pico más alto, 28.284, 28.224 y 28.173, en su orden. Lo que equivale a tasas de 82, 85 y 83 homicidios por 100 mil habitantes, respectivamente. Estos datos le dieron a Colombia el calificativo de ser el país más violento del planeta.
No obstante, las cifras disminuyen cinco años consecutivos entre 1994 y 1998, en este último año el número total de homicidios fue de 23.096, con una tasa de 56. A partir de 1999 la tendencia a la baja retrocede con 24.358 homicidios, tasa de 59; y en 2002 se alcanza la cifra más alta, 28.837 asesinatos, tasa de 66. Son cinco años de retroceso respecto de la baja que se presenta entre 1994 y 1998, pero la tasa no logra alcanzar las cifras de 1991-1993 -aunque el número total de homicidios de 2002 es el mayor de las últimas décadas. En 2003 aparece otro punto de quiebre, 23.523 homicidios, igual a una tasa de 53; los asesinatos vuelven a bajar. Y en el 2004, se cuentan 20.210, tasa de 44. Aunque estas cifras no dejan de ser alarmantes en relación con los estándares internacionales. Para la Organización Mundial de la Salud, existe una epidemia cuando la tasa supera los 10 homicidios por 100 mil habitantes.
Esta tendencia general a la baja es importante respecto de la disminución de la violencia en Colombia. Y es más relevante aún si se estima que puede contribuir a que los conflictos sociales, el crimen organizado y los patrones de comportamiento violento sean más manejables en el posconflicto. Dado que no siempre el final de una confrontación armada significa la disminución de la violencia homicida: el caso más revelador es el de El Salvador.
En este país centroamericano durante 1990, dos años antes de los acuerdos de paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de Alfredo Cristiani, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes se estima en 69,8; en 1993, se ha disparado a 140; y en 1994 alcanza el pico más alto de la década de los 90, cerca de 160. Sólo hasta 1998, la tasa es menor a 100. Esta sigue descendiendo, pero nunca es inferior a 36. En el 2005, cifró 54,7; la más alta de América Latina. Y estamos hablando de un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado como el colombiano. Entre las razones de este incremento sobresalen el deterioro de las condiciones económicas, efectos secundarios heredados del conflicto armado y el incremento del crimen organizado, especialmente ligado al narcotráfico. Todos estos fenómenos están presentes en Colombia.
Bajar el asesinato es una responsabilidad del Estado colombiano con la vida de los seres humanos que hacen parte de él; y es una responsabilidad de toda la sociedad con la disminución del dolor humano. Desde una mirada prospectiva es de gran importancia porque significa anticiparse a las contingencias y factores generadores de violencia que se puedan presentar en el posconflicto. Restar a este tipo de muerte puede ser también un sensible indicador de cuánta esperanza se puede tener en un país que se ha venido desangrando día a día.
En los últimos años no se había presentado una disminución similar en el número de homicidios, pero vale anotar que tampoco se había dado una desmovilización de paramilitares igual a la que se ha efectuado durante el último gobierno. Ambos asuntos podrían contribuir a morigerar los desequilibrios y reacomodamientos del posconflicto. Y aquí hay que enfatizar que sólo podrían, porque Colombia aún se encuentra empantanada en la violencia cotidiana y en pleno conflicto armado. No hay razones para celebrar mientras maten a tantos seres humanos. Mucho menos cuando las cifras traspapelan y banalizan la vida de los muertos.
>>Publicado originalmente en:
Semana.com, sección noticias, 4-02-2006.
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