18 -01-2006
El 2006 sumará un año más de guerra a los cuarenta y uno que ya se tienen de este conflicto insurgente y contrainsurgente. Un año más de acciones bélicas catapultadas en períodos de promesa electoral. Todos los gobiernos, desde Valencia, pasando por Lleras, Pastrana, López, Turbay, Betancur, Barco, Gaviria, hasta llegar a los de Samper, Pastrana y Uribe han fracasado en el logro de silenciar los fusiles, y más aún de lograr una paz definitiva. Cada cual tuvo su fórmula electoral para acabar con el conflicto armado; pero también cada uno de ellos lleva a cuestas el fracaso en este terreno al abandonar el Palacio de Nariño. Y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no es la excepción, aunque sobresalga por haber logrado el mayor número de desmovilizaciones de un grupo armado, sin embargo, es importante no olvidar que estas desmovilizaciones no son de los que están levantados contra el Estado, sino de la contrainsurgencia paraestatal.
El mismo gobierno reconoce en el documento Colombia 2019 la imposibilidad de derrotar a la insurgencia en el corto plazo. Sus metas trasladan el final de la confrontación al 2016, y la desaparición definitiva de los actores armados sería un hecho sólo hasta el 2019. En lo inmediato, mientras aquello sucede, la política pública se dedicaría a “neutralizar la amenaza terrorista”. Hoy es un recuerdo pintoresco del caudillismo andino la retórica de campaña que vendía a los electores la derrota de las guerrillas en el primer año del gobierno de Álvaro Uribe. El establecimiento y los votantes partidarios de la salida militar han cambiado, en un pragmatismo acomodaticio, la paz de los fusiles por una seguridad frágil.
Los periódicos nacionales que de modo explícito anunciaron en sus editoriales, al inicio del actual gobierno, que respaldaban la política de mano fuerte contra la insurgencia, ahora con diplomacia empiezan a sugerir la negociación política con las guerrillas. Inconsistencia que recoge el deseo de los colombianos de salir de una vez por todas de la barbarie de las armas, pero que expresa también una subestimación de las reformas estructurales que requiere la construcción de la paz. Olvida que la paz demanda más que la dejación de las armas en tiempo record. En este bamboleo de opinión los insurgentes están colocando nuevamente la vía de la negociación política como la salida más realista al conflicto armado. En forma coloquial se afirma que las FARC pusieron a Pastrana en la presidencia y con él la opción del dialogo, que catapultaron a Uribe en las encuestas y reforzaron la opción bélica en la ciudadanía; y ahora todo indica que vuelven a situar lentamente en la opinión, a fuerza de los hechos, la opción de la negociación política.
En este sentido se puede leer la respuesta de las FARC a la propuesta hecha por la Comisión Internacional de Acercamiento en la que afirman que “Está claro que con Uribe no habrá intercambio humanitario”. En lenguaje proselitista esto es un mensaje a los votantes en el que se indica que están dispuestos a sostener cuatro años más de confrontación. Una de las paradojas de todo esto es que la negociación estará en boca de muchos por presión de las armas y no por mandato de las organizaciones y movimientos sociales que abogan por la salida política. Y esto provocado en parte por el mismo gobierno, que los estigmatizó y neutralizó en sus acciones al sugerir que podrían ser auxiliares de la insurgencia. El actual gobierno cada vez más se encuentra cercado en su política de mano dura: en el corto plazo, no se vislumbra un intercambio humanitario, no se avizora una negociación con las FARC y el ELN –con este último grupo las conversaciones se encuentran sólo en la etapa exploratoria– y no habrá una victoria militar.
El 2006 sumará un año más de guerra a los cuarenta y uno que ya se tienen de este conflicto insurgente y contrainsurgente. Un año más de acciones bélicas catapultadas en períodos de promesa electoral. Todos los gobiernos, desde Valencia, pasando por Lleras, Pastrana, López, Turbay, Betancur, Barco, Gaviria, hasta llegar a los de Samper, Pastrana y Uribe han fracasado en el logro de silenciar los fusiles, y más aún de lograr una paz definitiva. Cada cual tuvo su fórmula electoral para acabar con el conflicto armado; pero también cada uno de ellos lleva a cuestas el fracaso en este terreno al abandonar el Palacio de Nariño. Y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no es la excepción, aunque sobresalga por haber logrado el mayor número de desmovilizaciones de un grupo armado, sin embargo, es importante no olvidar que estas desmovilizaciones no son de los que están levantados contra el Estado, sino de la contrainsurgencia paraestatal.
El mismo gobierno reconoce en el documento Colombia 2019 la imposibilidad de derrotar a la insurgencia en el corto plazo. Sus metas trasladan el final de la confrontación al 2016, y la desaparición definitiva de los actores armados sería un hecho sólo hasta el 2019. En lo inmediato, mientras aquello sucede, la política pública se dedicaría a “neutralizar la amenaza terrorista”. Hoy es un recuerdo pintoresco del caudillismo andino la retórica de campaña que vendía a los electores la derrota de las guerrillas en el primer año del gobierno de Álvaro Uribe. El establecimiento y los votantes partidarios de la salida militar han cambiado, en un pragmatismo acomodaticio, la paz de los fusiles por una seguridad frágil.
Los periódicos nacionales que de modo explícito anunciaron en sus editoriales, al inicio del actual gobierno, que respaldaban la política de mano fuerte contra la insurgencia, ahora con diplomacia empiezan a sugerir la negociación política con las guerrillas. Inconsistencia que recoge el deseo de los colombianos de salir de una vez por todas de la barbarie de las armas, pero que expresa también una subestimación de las reformas estructurales que requiere la construcción de la paz. Olvida que la paz demanda más que la dejación de las armas en tiempo record. En este bamboleo de opinión los insurgentes están colocando nuevamente la vía de la negociación política como la salida más realista al conflicto armado. En forma coloquial se afirma que las FARC pusieron a Pastrana en la presidencia y con él la opción del dialogo, que catapultaron a Uribe en las encuestas y reforzaron la opción bélica en la ciudadanía; y ahora todo indica que vuelven a situar lentamente en la opinión, a fuerza de los hechos, la opción de la negociación política.
En este sentido se puede leer la respuesta de las FARC a la propuesta hecha por la Comisión Internacional de Acercamiento en la que afirman que “Está claro que con Uribe no habrá intercambio humanitario”. En lenguaje proselitista esto es un mensaje a los votantes en el que se indica que están dispuestos a sostener cuatro años más de confrontación. Una de las paradojas de todo esto es que la negociación estará en boca de muchos por presión de las armas y no por mandato de las organizaciones y movimientos sociales que abogan por la salida política. Y esto provocado en parte por el mismo gobierno, que los estigmatizó y neutralizó en sus acciones al sugerir que podrían ser auxiliares de la insurgencia. El actual gobierno cada vez más se encuentra cercado en su política de mano dura: en el corto plazo, no se vislumbra un intercambio humanitario, no se avizora una negociación con las FARC y el ELN –con este último grupo las conversaciones se encuentran sólo en la etapa exploratoria– y no habrá una victoria militar.
Así como en la novela de Albert Camus, el pragmatismo acomodadizo puede conformase y publicitar la felicidad en medio de la peste; sin embargo, una opción más exigente no puede cambiar la paz definitiva por una seguridad contingente. El máximo logro en la historia de las negociaciones políticas con la insurgencia derivó en la Constitución de 1991; no obstante, el aumento de la violencia guerrillera y paramilitar a partir de esta fecha representa los riesgos de la paz incompleta. Los juegos del poder pueden hacer que el péndulo oscile cada cuatro años entre la fuerza de las armas y la negociación política, pero este es un juego perverso.
Su superación implica para el Estado, retomar la vieja recomendación de diseñar una política integral de paz que no privilegie lo militar y que comprenda varios periodos presidenciales; y para la sociedad, la persistencia en la defensa de los derechos humanos y en la alternativa del diálogo para resolver los conflictos sociales, sin estar subordinada a la propaganda gubernamental o a la presión de las armas. El 2006 será un año más de cruento conflicto; pero también puede ser un año en el que se desista del negocio de preferir una seguridad frágil a construir una paz definitiva.
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